Cuatrocientos reos esperan su ejecución en cárceles indias

Nueva Delhi, 2 nov 2006.- La condena a muerte esta semana de un abogado de Delhi, que asesinó hace diez años a una joven después de violarla, ha abierto un agudo debate sobre la pena capital en la India, en cuyas cárceles se estima que 400 presos esperan para ser ahorcados.
La Corte Suprema de Delhi sentenció el pasado 30 de octubre a Santosh Singh, de 35 años, a morir en la horca por el asesinato y violación de la joven estudiante Priyadarshini Matoo, de 23, a la que había estado acosando durante dos años.
Singh, casado y padre de una hija de corta edad, se había librado del peso de la ley cuando fue juzgado en 1999 por primera vez de aquel delito, y absuelto por falta de pruebas, un veredicto que levantó polémica social y críticas en los medios de comunicación.
La Justicia india aplica la pena capital siguiendo el principio “rarest of the rare” (“el más raro entre los raros”), un ejemplo de los cuales sería el asesinato en 1989 de la presidenta Indira Gandhi en atentado, que su autor pagó con la muerte.
Este principio abarca habitualmente crímenes brutales como puede ser el asesinato tras una violación o la alta traición al Estado, pero el problema reside en que la Corte Suprema no tipificó en su momento qué delito era “raro” y cuál “el más raro”, de modo que al final las sentencias a la pena capital son discrecionales.
En el caso de Santosh, los jueces consideraron fuera de duda que el acusado, hijo de un policía y abogado de profesión, debería haber tenido una “conducta ejemplar”, y sin embargo acosó a su víctima durante dos años, a la que acabó violando y asesinando tras asaltarla en su propio hogar.
Pero esta condena ha abierto una brecha entre aquellos que defienden la extensión de la pena de muerte a más casos y quienes piden una moratoria en las ejecuciones hasta lograr la abolición total, entre ellos el delegado en la India de Amnistía Internacional (AI), Soumya Bhaumik.
“Hay personas que están contra la pena de muerte, pero justifican las ejecuciones en los casos extremos de violación y asesinato. Nosotros tenemos que hacer pedagogía, todo el mundo debe comprender que la pena de muerte no es el camino”, dijo hoy Bhaumik a Efe.
Según el delegado de AI, existe un riesgo creciente de que la opinión pública identifique la justicia con la pena capital, debido en parte “al papel insano de los medios de comunicación, que juegan con los sentimientos de las personas obviando que una ejecución viola los derechos fundamentales del ser humano”.
India parecía haber dado pasos lentos pero progresivos hacia la abolición de la pena máxima desde que, en 1973, se estableció la obligatoriedad de razonar en cada sentencia las razones por las que se optaba por la condena a muerte en lugar de la cadena perpetua.
En la década de los años 60 del pasado siglo, según cálculos de AI, se habían producido unas 1.450 ejecuciones en este país.
Pero el Estado indio ha reconocido sólo 45 ejecuciones desde su independencia, en 1947, hasta 2004, según Baumik.
Para el delegado de AI, el paso atrás en la lucha por la abolición de la pena capital se dio en 2004, cuando fue ejecutado Dhananjoy Chatterjee, condenado también por la violación y asesinato de una mujer.
Aquella ejecución rompió “una moratoria de 15 años”, tras la aplicada al asesino de la presidenta Gandhi, expuso Baumik.
Y ahora se calcula que hay unos doce expedientes que esperan la firma del presidente indio, Abdul Kalam, para enviar a otros tantos acusados al patíbulo, un dato que rehusó confirmar o desmentir a Efe el director de la secretaría presidencial, Barun Mitra.
Kalam, en uso de una prerrogativa constitucional, ha sido renuente hasta el momento a firmar estas sentencias.
Pero el principal partido de la oposición, el Bharatiya Janata Party (BJP), muestra en su web un informe con la imagen de un nudo de horca y la elocuente leyenda “India quiere la muerte del traidor”, en referencia al caso de Mohammed Afzal.
Afzal, que debía haber sido ahorcado el 20 de octubre pasado por planificar un intento de ataque al Parlamento indio en 2001, está pendiente de que Kalam estudie una petición de clemencia